Laurymar Alejandra Uzcategui Pacheco | Derecho

Por Francisco Pertíñez Vílchez Una nota sobre la STJUE de 13 de julio de 2023 sobre la cláusula IRPH   Introducción La STJUE de 13 de julio de 2023 dictada en el asunto C-265/22  (ZR y PI vs Banco Santander) ha dispuesto en su  apartado 65 que en la valoración de si es abusiva una cláusula no transparente relativa al cálculo de intereses en un contrato de préstamo, como es la cláusula que establece como índice de referencia el IRPH, es pertinente: “comparar el modo de cálculo del tipo de los intereses ordinarios previsto por la referida cláusula y el tipo efectivo resultante con los modos de cálculo generalmente aplicados y el tipo legal de interés, así como con los tipos de interés aplicados en el mercado en la fecha en que se celebró el contrato objeto del litigio principal en relación con un préstamo de un importe y una duración equivalentes a los del contrato de préstamo considerado” El fundamento transcrito es crucial y anuncia un cambio en la manera de entende...

Por Ana Soler Presas*   El control de los pactos de pago de una suma de dinero en caso de incumplimiento del contrato Con la expresión «pactos de pago de una suma de dinero en caso de incumplimiento» nos referimos a las tan frecuentes cláusulas que establecen que el deudor se compromete a pagar una cantidad de dinero tasada en caso de incumplir el contrato [en general o para algún caso concreto de incumplimiento —i.e. demora en la entrega de la prestación—]. Así descritas, estás cláusulas serían un remedio privado que podría responder a muy distintos propósitos, como son: i) La liquidación anticipada y tarifada de la indemnización, pactada en interés del acreedor, que se ahorra así el gasto y la demora inherente a la prueba y cuantificación del daño que el incumplimiento haya ocasionado, así como la discusión sobre la resarcibilidad de alguna de sus partidas; pero también en interés del deudor, al que legítimamente le interesa anticipar el importe probable de la indemnización ...

Por Luis Jiménez-Asenjo y Juan Carlos Giménez-Salinas.   Los arts. 217, 218 y 219 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) regulan la retribución de los administradores. El sistema de retribución debe constar en los estatutos de la sociedad y el importe máximo debe ser aprobado por la junta general. A continuación, el art. 220 LSC, añade que “ el establecimiento o la modificación de cualquier clase de relaciones de prestación de servicios o de obra entre la sociedad y uno o varios de sus administradores requerirán acuerdo de la junta general ”. De la simple lectura del art. 220 LSC se deduce que, a diferencia de la retribución del art. 217 LSC, la que derive de la prestación de servicios no tiene que constar en los estatutos sociales. De esta forma, la retribución del art. 220 LSC se convierte a veces en la vía para que el administrador perciba una retribución por encima de lo que los estatutos permitirían. ¿Qué ventajas puede tener para un socio mayoritario que también es ad...

Por Ernesto Suárez Puga   Introducción El 13 de julio de 2023 se ha publicado la STJUE en el asunto c-265/22 . La cuestión que resuelve es la pertinencia de la recomendación que realizó la Circular 5/94 de aplicar diferenciales negativos a la TAE de los tipos de interés de préstamos IRPH en los controles de transparencia y de abusividad de las cláusulas predispuestas IRPH. << Los tipos de referencia escogidos son, en último análisis, tasas anuales equivalentes [(TAE)]. Los tipos medios de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda libre de los bancos y del conjunto de entidades, lo son de forma rigurosa, pues incorporan además el efecto de las comisiones. Por tanto, su simple utilización directa como tipos contractuales implicaría situar la [TAE] de la operación hipotecaria por encima del tipo practicado por el mercado. Para igualar la TAE de esta última con la del mercado sería necesario aplicar un diferencial negativo , cuyo valor variaría según las comisiones...

Por Juan Antonio García Amado   Planteamiento. Reglas del montón Lo que hacen los tribunales españoles en ese tipo de conflictos es explicado en reiteradísima jurisprudencia. Veamos un ejemplo de tantos. En la sentencia 334/2022 de la Sala Civil del Tribunal Supremo , fundamento sexto, leemos: Con arreglo a la doctrina jurisprudencial de esta sala, cuando entran en conflicto el derecho al honor y la libertad de información, la prevalencia que en abstracto corresponde a la segunda solo puede justificarse en el caso concreto mediante un juicio de ponderación ajustado a las circunstancias del caso en el que ha de estarse a la concurrencia de los siguientes tres presupuestos: (i) interés público informativo, es decir, que se trate de informaciones sobre asuntos de interés general, sea por la materia a la que aluda la noticia, o por razón de las personas afectadas; (ii) veracidad de la información, entendida como diligencia en la averiguación de los hechos, (iii) y proporcionalidad...

Por Segismundo Álvarez   No sabemos ni cómo llamar a la nueva Ley que regula las modificaciones estructurales, pues no es más que el Libro I del RDL 5/2023, de 28 de junio, publicado el 29 en el BOE. Para simplificar -y recordar que es un Decreto Ley- llamaremos “LME” a la Ley 3/2009, y “RDLME” a la parte del RDL 5/2023, que regula las modificaciones estructurales. La cuestión más urgente es como se aplican las normas transitorias, y es compleja porque hay que combinar varias normas. Por un lado, tenemos la DT 1ª, que es la que propiamente regula la cuestión: “ Las disposiciones del libro primero del presente real decreto-ley se aplicarán a las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles cuyos proyectos no hubieren sido aún aprobados por las sociedades implicadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.” Por otro, la DF 9ª, que establece la entrada en vigor del RDLME y dice: “ El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente ...

Por Gabriel Doménech   Tan solo veinte días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara la incompatibilidad con la libertad de establecimiento de cierta restricción impuesta por las autoridades españolas respecto del acceso al mercado de los vehículos turismo con conductor (VTC) y que otra restricción sólo es compatible con dicha libertad bajo determinadas condiciones, el Gobierno de España se ha apresurado a establecer una nueva regulación con el fin de seguir bloqueando de facto el ejercicio de la mentada libertad en este sector y contentar así al lobby del taxi. Uno de los grandes «hallazgos» de esta regulación es la suspensión del control judicial de ciertas decisiones administrativas restrictivas de derechos. El Real Decreto-ley 5/2023 establece en su artículo 149 que las autorizaciones de VTC solicitadas serán denegadas si, en el momento del otorgamiento, no se cumplen determinados criterios de mejora de calidad del aire, reducción ...